82 / Modelo para armar

Hacia el final del gobierno de Néstor Kirchner la impasse bonapartista estaba prácticamente agotada y se abría un tiempo de cambios drásticos en la orientación del régimen y su programa, cuyos posibles desenlaces se resumían en una disyuntiva que, con fines diversos, rondaba los grandes medios de comunicación por 2006/7: lulismo o chavismo. Es decir, una reorganización del régimen de gobierno que sumara apoyos para modificar la composición orgánica en varias ramas ofertando salarios bajos, paz social y mayor productividad a cambio de inversiones de largo aliento tanto extranjeras como propias vía repatriación del pbi paralelo (lulismo); o una reorganización del régimen que presionara sobre la legalidad burguesa perforándola, forzándola cuando fuera necesario, incrementando a su costa la injerencia estatal (chavismo). O sea una profundización del programa duhaldolavagnista o un giro reformista mercadointernista.

La transición entre Néstor y Cristina fue opaca. Hubo señales ambiguas, se hablo de ajuste varias veces, hubo menciones al tiempo institucional y la promesa de hacer las paces con los mercados internacionales rankeaba alto en la agenda cristinista. En el aire había olor a feijoada. Pero vino la 125 y “las fuerzas lulistas” vieron la oportunidad para hacer abruptamente lo que requería política y tiempo. Y el gobierno, corrido por fuerzas políticas que no lo reconocían como propio y lo forzaban a divorciarse de su base, se jacobinizó: ya lo dije en otras entradas, el reformismo K nace en el conflicto con la Mesa de Enlace.

Existe un mito muy extendido acerca del carácter industrializador del primer peronismo cuando en verdad el desarrollo industrial es anterior al 45/46. A contrapelo de la ensayística berreta que puebla las revistas de divulgación, todas las investigaciones serias sobre el periodo reconocen que la expansión industrial entre 1946/55 no fue significativa. Esa falacia, muy difundida incluso dentro del propio peronismo, lejos de beneficiarlo intenta despojarlo de su principal virtud: la de haber sido radicalmente reformista y distribucionista.

Otra confusión muy difundida consiste en asociar reformismo con socialdemocracia. Esta última consiste en poner la hegemonía a resguardo mediante la participación e integración política de los organismos que representan y regimentan a las masas. Por su parte el reformismo es un bisturí que opera alteraciones en la conformación hegemónica porque toca la juridicidad, la formalidad de la correlación de fuerzas. Si la socialdemocracia refuerza aquella correlación integrando dentro de la Fuerza Social Hegemonica (FSH) los componentes subordinados para que participen en el reforzamiento de su propia subordinación, pues el reformismo implica una redistribución del poder tal y como este se refleja a nivel estatal: todo proceso redistribucionista en términos de ingresos debe estar precedido de un ciclo de reformas ya que la manera en que se distribuyen los ingresos hacia el interior del conjunto de las fuerzas sociales y económicas no es arbitraria sino que tributa a una especifica juridicidad.

Reformar esa juridicidad es prerrequisito para distribuir ingresos. El lulismo es socialdemócrata porque consiste en la decisión estratégica de la FIESP de integrar a la CUT en la explotación del proletariado brasileño (por supuesto que esa integración involucra concesiones pero ninguna de ellas afecta la hegemonía) mientras que el chavismo es reformista porque rompe la adhesión de las masas subordinadas a la FSH impulsando cambios substanciales en la conformación jurídica del estado venezolano.

El reformismo, aunque burgués, siempre resulta socializante (en diverso grado) porque invade esferas reservadas al arbitrio del capital. Es burgués porque no lo hace mediante el control obrero sino mediante el control Estatal; pero resulta socializante porque el Estado no es una cosa sino una territorialidad en disputa donde el dominio patrimonial no se ejerce sino que se reclama. Los fondos que desde las afjp’s volvieron a la Ansess siguen aceitando la acumulación capitalista pero ya no son de libre disponibilidad: hay que compartirlos con la movilidad jubilatoria, con el plan Argentina Trabaja, con la AUH, etc. No es posible redistribuir ingresos sino se reestatizaban los fondos de las afjp’s pero reestatizarlos no constituye per se una medida redistributiva. Se trata más bien de un acto jurídico que sienta las bases de una política redistributiva.

Sin embargo así como los kirchner viraron al reformismo forzados por las circunstancias, no van a abrir un ciclo redistributivo si las circunstancias no vuelven a forzarlos. La pregunta sería ¿las circunstancias actuales los están forzando?

El proyecto del 82% móvil guarda esa potencia. El descalabro que la sanción de ese proyecto provocaría en las cuentas públicas, insinúa colocar en el centro del debate el problema de las fuentes de financiamiento: las rentas o sea, la torta. La financiera, la minera, la petrolera, la pesquera, la de los grandes consorcios que no pagan AP, la de los pooles de siembra que eluden Ganancias, la de todos los que negrean laburantes y evaden aportes previsionales, etc, etc, etc. Toda la renta capitalista desparramada sobre la mesa y analizada con lupa para saber a quienes se les toca el culito, es un escenario que las fracciones que dominan la FSH intentaran evitar. Este gobierno ya demostró a propios y extraños que es capaz de pasar del bonapartismo al reformismo en un minuto si se lo pone entre la espada y la pared; de la misma forma puede pasar del reformismo al distribucionismo si no le queda mas remedio.

Un salto semejante expulsaría de la FSH al grueso de las fracciones burguesas y abriría una crisis de hegemonía que obligaría a revisar todo lo escrito y todo lo pensado en los últimos 7 años. El plan opositor ni siquiera es sacarle los fondos al gobierno sino exponerlo al desgaste del veto tal y como ocurre con la ley de glaciares. Pero si la ley sale y el gobierno renuncia al veto entonces empezaría otra historia. Las fracciones burguesas que pretenden clausurar el ciclo reformista empujando nuevamente al gobierno al suicidio político, están jugando con fuego.

Por eso la sanción del 82% móvil es progresiva en si misma y no puede atacársela en defensa del gobierno; los limites y la velocidad con que se desenvuelva el programa de reformas los pone la realidad de los enfrentamientos. Esa es la única ley, el resto es defección. Porque como diría la filosofa santafesina contemporanea Roxana Latorre, “no llegamos hasta acá para dejarnos conducir por Carrió”.-


*Aquí la posición de Martin Sabbatella, que compartimos.-