"(...) En este inicio de 2014 asistimos a la intensificación
de la campaña mediática y política que tiende a invisivilizar la condición de
victimas respecto de múltiples pauperizaciones que también poseen la gran
mayoría de los jóvenes protagonistas
de una parte importante de la violencia social que las comunidades, con toda
razón, repudian y frente a las cuales a veces reaccionan espiralizándola.
Los ciudadanos de todas las capas sociales no manifiestan interés en incursionar en análisis estadísticos acerca de la prevalencia de aquellas violencias; si dos o cuatro muertos cada cien mil habitantes es mucho o poco. Simplemente parecen pretenden que se evite aquella violencia que pueda ser evitada. Y la orientación estratégica del proyecto político a cargo del Gobierno nacional desde hace casi once años, demostraría que es falso que los consensos sociales se organicen necesariamente poniendo en juego una matriz de pensamiento punitivista. Más bien las mayorías sociales parecen optar por variantes punitivas en última instancia. Es decir, en todo caso podrá estar comenzando a perderse una batalla cultural, es decir una batalla por los sentidos comunes, que en algún momento se ganaba ampliamente; pero esa batalla aún está sin definir.
El falso dilema “Punición o Inclusión” solo funciona para el complejo punitivo y sus representaciones políticas porque relega la variante inclusiva a un rol auxiliar y paliativo, casi testimonial, sin efectos de poder y sin impacto en la configuración del sistema de correlaciones de fuerza sociales que definen las prioridades en materia de políticas públicas. Por eso es necesario superar aquel dilema colocando el complejo punitivo como auxiliar de la labor inclusiva. Las redes narcopoliciales se despliegan en los territorios de la pobreza estructural merced a dos recursos básicos: violencia y dinero; juntos debilitan las referencias normativas e institucionales y someten el frágil entramado comunitario predisponiendo los cuerpos y el sentido común del piberío para que naturalicen a esas redes como único horizonte de inclusión posible.
Un horizonte alternativo lo proveen hoy la Ley 13.298 y el Acuerdo por una Seguridad Democrática. El desafío que tiene por delante el campo inclusivo es que esta opinión sea compartida en 2015 por la mayoría de la sociedad.
Resulta urgente por lo tanto abandonar los debates de micro climas y abrir discusiones amplias, concretas y audibles que clarifiquen aquel horizonte, impulsándolo.
Lo requieren la sociedad, aturdida y angustiada por una vociferación de mensajes retrógrados; el sistema político, que en breve deberá definir las plataformas y discursos con los que intervendrá en aquel barullo a fin de reorganizar los consensos sociales susceptibles de traducción electoral; y los trabajadores del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos, que todos los días en toda la Provincia resignamos nuestros propios derechos en defensa de los derechos de los pibes.-"
Leer Completo Los ciudadanos de todas las capas sociales no manifiestan interés en incursionar en análisis estadísticos acerca de la prevalencia de aquellas violencias; si dos o cuatro muertos cada cien mil habitantes es mucho o poco. Simplemente parecen pretenden que se evite aquella violencia que pueda ser evitada. Y la orientación estratégica del proyecto político a cargo del Gobierno nacional desde hace casi once años, demostraría que es falso que los consensos sociales se organicen necesariamente poniendo en juego una matriz de pensamiento punitivista. Más bien las mayorías sociales parecen optar por variantes punitivas en última instancia. Es decir, en todo caso podrá estar comenzando a perderse una batalla cultural, es decir una batalla por los sentidos comunes, que en algún momento se ganaba ampliamente; pero esa batalla aún está sin definir.
El falso dilema “Punición o Inclusión” solo funciona para el complejo punitivo y sus representaciones políticas porque relega la variante inclusiva a un rol auxiliar y paliativo, casi testimonial, sin efectos de poder y sin impacto en la configuración del sistema de correlaciones de fuerza sociales que definen las prioridades en materia de políticas públicas. Por eso es necesario superar aquel dilema colocando el complejo punitivo como auxiliar de la labor inclusiva. Las redes narcopoliciales se despliegan en los territorios de la pobreza estructural merced a dos recursos básicos: violencia y dinero; juntos debilitan las referencias normativas e institucionales y someten el frágil entramado comunitario predisponiendo los cuerpos y el sentido común del piberío para que naturalicen a esas redes como único horizonte de inclusión posible.
Un horizonte alternativo lo proveen hoy la Ley 13.298 y el Acuerdo por una Seguridad Democrática. El desafío que tiene por delante el campo inclusivo es que esta opinión sea compartida en 2015 por la mayoría de la sociedad.
Resulta urgente por lo tanto abandonar los debates de micro climas y abrir discusiones amplias, concretas y audibles que clarifiquen aquel horizonte, impulsándolo.
Lo requieren la sociedad, aturdida y angustiada por una vociferación de mensajes retrógrados; el sistema político, que en breve deberá definir las plataformas y discursos con los que intervendrá en aquel barullo a fin de reorganizar los consensos sociales susceptibles de traducción electoral; y los trabajadores del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos, que todos los días en toda la Provincia resignamos nuestros propios derechos en defensa de los derechos de los pibes.-"
